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Cada modelo de sociedad define un modelo de Educación que reproduce sus condiciones de existencia y forma a los individuos dentro de los valores y creencias aceptados. La Educación forma ciudadanos, la pregunta sería cuál ciudadano, qué tipo de ciudadano, ciudadanos para qué. Los procesos históricos de transformación y cambio radical de una situación precedente constituyen procesos altamente complejos que afectan todos los aspectos de la vida, junto con las condiciones materiales y objetivas de existencia dentro de una sociedad, se revolucionan las condiciones subjetivas a través de las creencias, valores, modos, usos, costumbres, formas de ser, de hacer, de pensar y de sentir colectivas de una sociedad.

Venezuela, según la constitución nacional vigente, es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; con una Democracia participativa y protagónica a la cual corresponde una visión de país. Esta declaración es vinculante para el Estado en su acción y en función de eso el sistema educativo debe ajustarse para la construcción del nuevo republicano y de la nueva republicana, es decir de los nuevos ciudadanos.

Educar para la ciudadanía supone apostar por un modelo pedagógico, no solamente escolar, en el cual se procura que la persona construya su modelo de vida feliz y al mismo tiempo contribuya a la construcción de un modo de vida en comunidad justo y democrático. Esta doble dimensión individual y relacional, particular y comunitaria, debe conjugarse en el mismo tiempo y espacio si lo que pretendemos es construir ciudadanía y sobre todo si ésta se pretende en sociedades plurales y diversas.

La democracia participativa y protagónica supone el ejercicio de una ciudadanía activa, transformadora de la realidad que no se puede improvisar. Constituye un modelo que requiere acciones pedagógicas orientadas para la persona en su globalidad, a la inteligencia, a la razón, al sentimiento y a la voluntad. Estos principios básicos se refieren a la justicia y son identificados  como la igualdad de libertades y de oportunidades y la distribución equitativa de los bienes primarios.

Para conseguir estas condiciones hay que ir más allá de declaraciones verbales. La formación de una ciudadanía activa precisa de un sistema educativo y de un cuerpo de docentes, comprometidos, beligerantes en la defensa de principios como los apuntados y respetuosos con las distintas creencias, formas de entender el mundo y formas de construirnos como personas; que respetando los principios de justicia enunciados conforman la base común de los diferentes modelos de vida buena de cada uno de nosotros.

Esta ciudadanía crítica, singular pero también orientada al bien común la que se entiende como ciudadanía activa y con la cual está comprometido el proceso de transformación iniciado a partir de 1998 y explicitado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Sólo así será posible construir una sociedad diversa y plural en la que hemos de aprender a ser y convivir de forma pluralista, justa y democrática.

Por ello precisamos un modelo pedagógico que no se limite a incidir sobre las acciones educativas en sentido estricto, sino que también afecte a los medios de educación no formal, informal y de conformación social y cultural de carácter mediático, familiar y comunitaria. Precisamos que este modelo sea guiado por una nueva forma de entender la responsabilidad, un énfasis mayor en el papel regulador y guía de la dignidad humana como valor y una mayor preocupación por orientar nuestras acciones no tanto en función de intereses particulares por legítimos que sean, sino en función de bienes colectivos que constituyan el bien común.

Las ideas anteriores nos permiten expresar entonces, bienvenida la nueva ley! Después de 10 años  de aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional cumple con el compromiso de aprobar la nueva ley orgánica de educación. Obligación demorada pero imperativa como resultado natural del mandato que impone el necesario desarrollo constitucional que deriva de la nueva carta fundamental.

La ley generó y aún genera una tremenda controversia, polémica necesaria que mueve a la sociedad y le da vida.

La ley fue aprobada en primera discusión durante el año 2001 e inexplicablemente es ahora cuando se produce la aprobación definitiva del mencionado instrumento legal.

Debemos confesar que conocimos y estudiamos el proyecto aprobado inicialmente como ahora estamos leyendo con cuidado el documento final aprobado el pasado 13 de agosto. Nos ha llamado mucho la atención el no conseguir asidero dentro del documento presentado y aprobado  para las duras críticas formuladas por importantes sectores de la sociedad frente a lo cual nos sorprende pensar que cuando escuchábamos con dudas a voceros del oficialismo decir que se criticaba la ley sin haberla leído, parecía que estaban en lo cierto.

La ley se aproxima más en su estructura y contenido a una ley orgánica por cuanto establece un conjunto de principios generales de carácter rector para todo el sistema educativo y las obligaciones y derechos del Estado en esa materia refiriendo a posteriores leyes especiales en número no menor de cuatro,  por lo menos.

El reto es para el Ejecutivo Nacional, para establecer sin demora el reglamento de la ley y para procurar de manera oportuna efectiva y eficiente las acciones necesarias que permitan que las normas establecidas  no permanezcan con carácter programáticas, como aspiraciones inalcanzables del conglomerado social y en el tiempo mas breve posible pasen a ser normas operativas cumpliendo con las reales aspiraciones de la población. Así mismo debemos destacar la presencia de algunas normas muy amplias como la referida a la participación de la comunidad o a los medios de comunicación que si no son debidamente delimitadas en su reglamento serán de imposible aplicación.

En los capítulos I y II Disposiciones Fundamentales y Corresponsables de la Educación se enuncian de manera general un conjunto de fines, valores, propósitos, definiciones, actores en relación con el proceso educativo.

Se podría abrir la discusión sobre si las misiones educativas deben estar normadas por la ley orgánica o ellas deben tener un carácter temporal hasta tanto el sistema educativo regular pueda garantizar la plena inclusión.

Si bien es cierto que la ley del año 1980 no puede considerarse como una ley mala o retrógrada, como si se puede considerar posiblemente la reforma de la ley de universidades de 1970, otra deuda importante del poder legislativo con la sociedad. Sin embargo, la norma vigente de reciente aprobación moderniza y hace más eficiente la conceptualización y organización del sistema educativo. Especial mención merecen los artículos referidos a la educación universitaria, dejando en desuso el odioso nombre de educación superior, abriendo las posibilidad cierta para la sustitución de la ley de universidades ya mencionada. Así mismo resulta significativo todo lo referido al ejercicio de la carrera docente y a las leyes especiales que en esa materia se dictarán.

Consideramos importante llamar la atención en relación con el contenido de la disposición transitoria cuarta en relación con el régimen provisional para el ingreso a la carrera docente con el objeto de garantizar la seriedad, la idoneidad y evitar cualquier tipo de clientelismos.

Saludo para la Ley Orgánica de Educación! Que nos permite aproximarnos a la construcción de una pedagogía de la esperanza, a través de una educación liberadora, no solamente para estar más alegre, más vivo, se trata de un compromiso activo con la transformación social, reconociendo que de la construcción de esos horizontes de transformación depende, también, la consolidación de la ciudadanía. El fin de esa esperanza de emancipación, es el fin, también de la ciudadanía. La ciudadanía - por eso - no sólo se sustenta en una serie de derechos y en una serie de prácticas- sino también – en valores, en principios, en horizontes que la sociedad se pone a si misma y que los sujetos establecen consigo mismos.

 

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