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El Día del profesor Universitario en Venezuela está consagrado a la autonomía universitaria, como un logro que se hizo realidad hace cincuentiún años, en 1958, cuando una vez caída la última dictadura que vivimos los venezolanos, se cristalizó esta gran conquista tanto por parte de los docentes, estudiantes, empleados, obreros y de toda la comunidad universitaria nacional..

            La defensa de la autonomía es parte de su ejercicio y de lo que en la universidad habita, una convocatoria amplia y calurosa a los múltiples actores de este medio siglo. Algo que logramos hace 50 años y que es inherente a la universidad y, por tanto, a la búsqueda incesante, de encontrar y seguir buscando, personal académico, empleados y obreros, acompañando a los estudiantes, cada uno de ellos en palabras del poeta Pío Tamayo “un mundo de promesas y un jardín de tormentas”.

 

Hace 51 años, el 5 de Diciembre de 2008, se promulgó el Decreto Ley 458 sobre las Universidades que en sus postulados fundamentales contempló la autonomía, académica, administrativa y electoral. Derogándose la ley de Universidades de 1953.

 

La Ley de Universidades fue un gran logro para las autoridades, profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades nacionales, tan asediadas por la cruel dictadura de los años cincuenta. Derrocado el gobierno, las universidades, máximas casas del saber, formadoras de profesionales en diferentes áreas, comenzaron a trabajar con aires de libertad, pluralidad y autonomía, administrando sus propios recursos y la academia.

 

Entre los elementos esenciales, surgidos de lo que se conoce como Reforma Universitaria, que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba el 15 de junio de 1918, surgió una nueva Universidad. Esa universidad es conocida como la Universidad autónoma, democrática y popular. De la reforma de Córdoba también se cumplieron este año 90 años. Y sus principios fundamentales parecieran seguir en plena vigencia: autonomía universitaria, cogobierno, extensión universitaria, acceso por concursos y periodicidad de las cátedras, libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, acceso masivo y gratuito, vinculación de docencia e investigación, Inserción en la sociedad y rol de la universidad, solidaridad latinoamericana e internacional, unidad obrero-estudiantil.

 

Este modelo de universidad se extiende rápidamente por los países vecinos y llega a Venezuela veintiocho años después con el Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales de 1946, plasmados en la ley de 1958, la cual con las modificaciones de 1970 es la norma que rige el funcionamiento de las Universidades en la actualidad. A partir del 15 de diciembre de 1999, se extiende su relevancia y significación cuando en el artículo 109 le da rango constitucional. Es la hora de discutir la universidad autónoma que heredó la República Bolivariana de Venezuela y su transformación en la universidad autónoma para el Siglo XXI.

 

El Sistema de Educación Superior basado en el ejercicio de lo que se denomina “Libertad Académica”, permite a las universidades, crear un autogobierno que les da la posibilidad de adoptar medidas sobre sus tareas académicas, normas y actividades administrativas. Desarrollada a través del ejercicio democrático de las comunidades universitarias, destinado a garantizar  el predominio de los criterios académicos y de pertinencia social, por sobre criterios de carácter personal, grupal o político.

 

La Autonomía Universitaria lleva consigo una serie de responsabilidades y deberes para con el Estado y la sociedad. Las Universidades Autónomas, deberán en todo momento rendir cuentas a estos sectores, que son los que les otorgan los recursos para que funcionen.

 

La Reforma Universitaria propone una amplio acceso a la universidad por parte de la población y una especial atención a las dificultades para ingresar que puedan encontrar los trabajadores y los sectores con menor poder adquisitivo. En ese marco muchas organizaciones reformistas defienden la necesidad de que la educación en las universidades públicas sea gratuita, sin aranceles de ningún tipo. También suelen pronunciarse en contra de los "exámenes de ingreso o admisión" y otros procedimientos que son considerados como excluyentes.

 

El fundamento último del derecho a la autonomía universitaria no es otro que la dignidad de la persona humana. El fundamento inmediato o legitimación de este derecho, consiste en la necesidad de preservar y garantizar la libertad y autonomía de los docentes y alumnos, como instrumento de garantizar y hacer factible la dignidad personal.

 

La subordinación del saber al poder quedó clara en Latinoamérica cuando la Doctrina de la Seguridad Nacional atacó prioritaria y sistemáticamente a la autonomía universitaria: se hizo desaparecer, se mató, se torturó, se impidió la actividad universitaria a miles de profesores y alumnos, se cerraron carreras, se censuraron programas, autores, textos, en el contexto de una universidad intervenida militarmente. 

 

La universidad, ese lugar donde cada cultura se puede volver reflexiva y críticamente sobre sí, para cuestionarse sus supuestos, releer su pasado, explicar su presente, anticipar su porvenir, sólo puede cumplir tal función en el marco de una autonomía. La naturaleza jurídica de la universidad pública autónoma es la de un organismo descentralizado, con autonomía de gestión y gobierno, a fin de lograr un desarrollo eficaz en las funciones que tienen encomendadas, fundamentado en la libertad de enseñanza; lo cual no significa su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado.

 

La autonomía es para la Universidad su condición esencial. Sin ella no podría haber en toda su plenitud transmisión de conocimientos, difusión cultural, investigación científica o cualquiera de las otras importantes tareas universitarias. Es entendible que el concepto de autonomía evolucione de acuerdo con la realidad en la transformación, pero en esa transformación no se debe perder de vista la esencia de la universidad y la importancia de su autonomía.

 

Resulta cada vez más aceptado en el mundo académico, casi como una suerte de axioma,  que la responsabilidad social de la Educación Superior y, en concreto, de la Universidad, es algo que pertenece a su misma naturaleza.

 

La Universidad tiene como uno de sus objetivos primordiales el ser factor de desarrollo, orientación crítica, y transformación de la sociedad en que vive. Por ello debe insertarse en la realidad nacional estudiando, de manera operativa e interdisciplinaria, los grandes problemas que vive el país, produciendo conocimientos relevantes sobre estos problemas y presentando estrategias y alternativas para que de una manera seria y responsable se logre la transformación de la sociedad.

 

La Educación Superior y la Universidad son un bien social. Es decir, ellas han surgido y se explican en función de la sociedad. La Universidad es para la sociedad y le pertenece: es un bien social. En consecuencia, la Universidad no sólo debe actuar teniendo como meta el bien de la sociedad, sino que debe darle cuenta a ella de su gestión. La clasificación de las Universidades en públicas (o estatales) y privadas no se refiere a la naturaleza de su acción, sino a la forma de su gestión. La Universidad tiene una función política, entendida ésta en el sentido más auténtico de la palabra, es decir, como el arte de ordenar las fuerzas y  poderes sociales para la obtención del bien común. El conocimiento que se engendra en la Universidad debe conducir a la búsqueda de las mejores concepciones y medios para la realización de dicho bien. La Universidad debe ejercer esta función desde lo que constituye la naturaleza misma de su propia identidad, es decir desde la academia. La Universidad no puede convertirse en una corriente partidista, ni en una ONG o en una obra de beneficencia. Su labor específica es el saber y es desde él desde donde ha de prestar una contribución eficaz en el ordenamiento de la sociedad.

 

Toda labor académica de la Universidad y de sus Unidades tiene un contenido altamente social. Ella busca en efecto, formar hombres y mujeres integrales que presten un servicio profesional altamente cualificado a la sociedad. La Universidad forma Hombres y Mujeres para los demás con sólidos criterios éticos y humanísticos de solidaridad y excelencia en el servicio. La investigación en la Universidad pretende desarrollar el conocimiento, tanto científico como técnico, que permita una mejor y mayor calidad de vida. Y ello es altamente social. Pero más allá de esa contribución genérica, la Universidad ha de dar una contribución específica y particular que permita responder a la situación concreta de la sociedad en la que vive. La Universidad y sus unidades no pueden ser ajenas a su entorno; deben no sólo situarse, sino orientarse hacia él y de alguna manera dejarse conformar por sus necesidades y urgencias.

La acción política de la Universidad consiste en proyectar su saber sobre la sociedad para transformarla. Esta proyección ha de realizarla de diversas maneras. En primer lugar, conociendo la realidad en que vive y generando nuevos diagnósticos. Este conocimiento no puede ser un saber abstracto, sino concreto. De allí han de brotar nuevos modelos de interpretación social (labor hermenéutica) que permitan comprender inteligentemente el juego de las circunstancias y poderes que determinan la situación. Como consecuencia de lo anterior, la Universidad ha de generar nuevos saberes y ha de encontrar el saber hacer dentro de la sociedad, en el juego de los poderes políticos. A la labor política de la Universidad corresponde el generar una nueva Ética y unos nuevos valores. El bien común no podrá realizarse si no es sobre la base de principios que garanticen la humanidad del hombre y de sus relaciones (ética) así como la dinámica afectiva y emocional (valores) que mueva a la prosecución del bien de todos, por encima del egoísmo y de los intereses particulares de individuos o grupos. La función política de la Universidad exige que ésta defina su modelo de acompañamiento social de manera que pueda actuar en forma coherente, sistemática y ordenada.

 

La responsabilidad social de la Educación Superior y de toda Universidad, es  especialmente relevante en las Universidades Católicas. La Constitución Apostólica “Ex Corde Ecclesiae” es explícita en este punto, cuando plantea la necesidad de que ellas contribuyan  a “la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y la estabilidad política, una distribución más equitativa  de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional” (ECE, n.32).

 

Existe una obligación legal para la universidad de presentar sus cuentas anuales. Conviene recordar de donde viene esta obligación y donde está plasmada en la legislación actual. En general se trata de las cuentas anuales. Pero existe otro motivo para rendir cuentas, en sentido más amplio, a la sociedad. A la manera como otras grandes entidades presentan con publicidad su acción en el ejercicio anterior, la universidad debe proyectar su imagen, incluso su imagen competitiva, informando amplia y públicamente de lo realizado y de lo que tiene en proyecto. En esta tarea los estamentos de la universidad tienen misiones claras. En esta exposición pública de los objetivos logrados y por conseguir, de las estrategias y de los acuerdos en vigor, ayudará a disponer de datos que permitan explicar el costo y los alcances de, al menos, los principales servicios que da la universidad.

 

Sin duda alguna, las universidades y las enseñanzas universitarias son factores dinamizadores del cambio social y del desarrollo del tejido productivo de las sociedades. En este sentido, es claro que cuantos más recursos se invierten en la enseñanza superior mayor es la producción intelectual y, consecuentemente, mayor es la creación de aportes que mejoran la calidad de vida de las sociedades.

 

La gran contradicción que se nos presenta es que, por una parte, todos los agentes económicos, sociales y culturales aceptan que las universidades juegan un papel central en el bienestar de las sociedades y, por  lo tanto, hay un acuerdo común en que hay que apoyarlas y dirigir más dinero a las mismas. Pero por otra parte, observamos la dificultad que tienen las administraciones públicas para sufragar todos los gastos derivados de la enseñanza superior.

 

El modelo de financiamiento debe poner un mayor énfasis en la rendición de cuentas de las universidades ante los organismos financiadores y, por consiguiente, ante la ciudadanía, respetando siempre la autonomía universitaria. Es decir, debemos avanzar hacia un modelo de financiamiento que quiere reforzar la cultura de la evaluación de la gestión, la docencia y la investigación que se realiza en las universidades. En este sentido, es un modelo en el que el financiamiento ordinario, el financiamiento complementaria y el financiamiento de inversiones están controlados por mecanismos que aseguren la máxima eficacia en la gestión de los recursos públicos involucrados. Además, impulsa una relación fluida con los responsables universitarios.

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