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26 febrero 2010 5 26 /02 /febrero /2010 12:29

CON BASE EN EL TRABAJO: Interpretación de la realidad nacional a partir de la reconstrucción de los significados para diversos actores sociales, de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989. Leonardo Poleo.


El 27 y 28 de febrero de 1989, se inician sucesos muy violentos dentro de la historia Republicana de Venezuela; sólo existían algunas referencias similares en la memoria, ubicadas a la muerte del General Juan Vicente Gómez y luego del 23 de Enero de 1958.

 

 

            Rebelión de las masas, terremoto social, frontera histórica, 23 de enero social, sacudón, caracazo, son algunas de las denominaciones con las que se ha querido llamar los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989; incluso no faltan quienes los han considerado entre los sucesos más masivos y más violentamente reprimidos en América Latina o la movilización de masa de mayor envergadura en la Historia de Venezuela, ambas aseveraciones referidas a “tiempos de paz”.

 

            En esta ocasión el incendio no partió de Caracas, como tantas veces en nuestra Historia Política, aunque se le haya denominado el caracazo. El 27 y 28 de febrero ha perturbado a quienes analizan los fenómenos sociales y políticos del país; esos hechos no cuadraban con los esquemas de comportamiento colectivo de los venezolanos.

 

            La pasividad del pueblo constituía objeto de curiosidad e intriga, parecía no haber respuesta a por qué una población sometida a un proceso de pauperización tan violento y persistente; víctima de una escalada tan implacable del desigualitarismo en la distribución del ingreso, permanecía fiel a un sistema político que le prometió libertad, justicia y bienestar. La corrupción galopante, que equivale al saqueo cotidiano e impune de la riqueza del país, la riqueza de todos, se tradujo en una descomposición ética que unida a lo material, destruyó la imagen de un pueblo pasivo, resignado, aguantador, desaprensivo, con risa de confianza a pesar de las calamidades. La situación venezolana de los años precedentes hacia previsible un período de violencia social y política.

 

            La sorpresa del 27 y 28 de febrero radica en la magnitud que alcanzó la movilización, junto con la heterogeneidad de los grupos sociales que participaron en ella y a la simultaneidad con que se inició en diferentes sitios del país.

 

            Muertos 243, según la versión oficial, 310 según otras fuentes, entre 500 y 600 según la prensa y 3000 según las versiones más radicales; muertos, heridos, desaparecidos e incalculables pérdidas materiales constituyen parte del balance de lo ocurrido. Pero sobre todo, la estabilidad, el equilibrio, la paz social se vieron radicalmente alterados.

 

            Venezuela modelo a imitar en América Latina, había sido estremecida por profundos sucesos sociales; el país, a partir de esa fecha, despertó violentamente, del sueño ficticio en el que había vivido por años. El escaparate de la Democracia en Latinoamérica como había llamado el Departamento de Estado norteamericano al país, se rompió con los puños, las piedras y las manos de los hambrientos de los barrios de Caracas a quienes se les pretendía someter a los férreos golpes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

 

            Los sucesos de febrero constituyen un estallido social de violenta protesta simultánea y en general espontánea, dentro del cual los sectores populares en diferentes sitios del país sustituyeron la desesperanza por la violencia. Como respuesta frente a la insuficientemente explicada aplicación de un paquete de medidas de ajuste macroeconómico que imponía la realización de grandes sacrificios para los sectores medios y pobres de la población, permanentes ausentes de los banquetes festivos que suponían el derroche y el reparto grosero de la inmensa riqueza nacional.

 

            Resulta difícil pensar que esos sucesos hubiesen carecido totalmente de liderazgo. La misma simultaneidad de los estallidos iniciales podría hacer pensar en algún tipo de acuerdos previos. La ausencia de los líderes tradicionales no tiene por qué implicar necesariamente falta de liderazgo. Las movilizaciones sociales pueden crear sobre la marcha sus propios equipos directivos.

 

            El 27 de febrero fue principalmente social, una protesta espontánea casi sin dirigencia, donde nuevos liderazgos desplazaron a los políticos y a los dirigentes sociales y vecinales. En algunos casos la protesta se desbordó enfrentarse sectores del mismo pueblo, perdiéndose la perspectiva. La predominante ausencia de la dirección política y de programa concreto hizo que la respuesta represiva del estado fuese más violenta. El sentido de lo ocurrido expresa el descontento del pueblo cuya capacidad de movilización sobrepasó a las dirigencias.

 

            Respuesta frente al engaño, la corrupción, la especulación, el acaparamiento, la ausencia de austeridad en la administración pública, la decepción, la manifestación del poco sentido de pertenencia nacional de los empresarios y de los sectores privilegiados, la ineficacia e ineficiencia de la burocracia gubernamental y a la ausencia de efectivas medidas compensatorias de aplicación paralela con los ajustes.

 

            El período democrático que se inicia en 1958, originó grandes expectativas en amplias capas de la población, junto con un estilo paternalista de gobierno que no logró dar respuesta a la mayor parte de los problemas nacionales, corrompiendo por la vía de la entrega fácil al crear una fantasía más que una real satisfacción de necesidades.

 

                        A partir del año 1958 es posible distinguir un primer gran momento menos incoherente que finaliza con el boom de los precios del petróleo; luego la danza de los millones, del derroche, del despilfarro, momento caracterizado por la incapacidad para administrar la súbita riqueza que se diluyó entre la corrupción, el populismo y el fracaso de las acciones estatales en el proceso económico; y el tercero, caracterizado por la escasez y la austeridad impuesta por la violenta caída de los precios de nuestro principal producto de exportación en la década de los ochenta.

 

                        A partir de aquí, el país comienza a despertar, se entera con asombro de cuantos miles de millones de bolívares se gastaron sin crear riqueza duradera y permanente. Comienza a ser del dominio público que el país tiene una pesada deuda, contraída con irresponsabilidad manifiesta de acreedores y deudores, que no se puede pagar; ya no se cuenta con los exorbitantes ingresos. Los ingresos del Estado siguen siendo fabulosos pero insuficientes frente a requerimientos desmedidos. En consecuencia, comienzan a incrementarse peligrosamente las tensiones sociales. El Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional se hacen presentes de manera violenta y dramática en la cotidianidad de los venezolanos.

 

El 2 de febrero de 1989 se efectúa la toma de posesión del séptimo presidente electo desde 1958; Carlos Andrés Pérez asume la presidencia en un fastuoso acto celebrado en el Teatro Teresa Carreño. A pocos días de iniciarse el nuevo gobierno, aparentemente conocida, analizada y comprendida la situación del país, agudizada por la corrupción, la mentira, la ineficacia y la irresponsabilidad del gobierno precedente de Jaime Lusinchi, se dictan las primeras medidas el día 16; con el objeto de frenar la reducción de las reservas internacionales y reducir el déficit fiscal.

 

            Es la época de las respuestas coyunturales para una situación estructural; no existe suficiente voluntad política por temor al costo social y político de la verdad, para admitir la situación y actuar radical y profundamente frente al agotamiento del modelo económico y político imperante.

 

            Los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 junto con el llamado viernes negro del 18 de febrero de 1983, los intentos de golpe de estado de febrero y noviembre de 1992, la destitución del ex presidente Pérez y el resultado electoral de diciembre de 1998, marcan el agotamiento irreversible del funcionamiento del modelo político y económico implantado a partir del 23 de enero de 1958.

 

            Veintiún años después la reflexión apunta a cuánto nos hemos alejado de las causas que originaron los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, a cuánto se han satisfecho las demandas y las necesidades de las grandes masas excluidas y golpeadas permanentemente por la violencia que implica la pobreza extrema, la miseria, la injusticia y la desigualdad y a cuánta confianza, seguridad y tranquilidad inspira en los sectores sociales el discurso de la dirigencia política del país.

 

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